El presente
artículo es la continuación de El
desplazamiento interno forzado en El Salvador: Una cruel realidad. Primera
parte.
Esta historia,
contada por Heather Gies en el medio noticioso aljazeera.com en julio 11 de 2018, con el título El Salvador's hidden tragedy: 'I can't take the agony any
more', es un desgarrador relato en las voces de víctimas y ONGs, que
ponen sobre la mesa la crueldad del desplazamiento interno de los salvadoreños
en su propio terruño.
"Nos sentimos sofocados". "Quiero respirar
tranquila"
"Somos
vulnerables", dice Martínez. Ella y sus hijos viven cerca de un límite que
divide barrios controlados por dos facciones de Barrio 18, una de las pandillas
callejeras más grandes de El Salvador.
Intentan tomar
precauciones, como trazar rutas de laberinto hacia y desde su casa, pero nunca
sienten que puedan moverse libremente.
Navegar por el
territorio de las pandillas como una familia desplazada puede ser una espada de
doble filo. Con frecuencia, las pandillas encierran a los recién llegados,
especialmente a las familias con jóvenes,, lo que hace que el cambio de la
familia a un vecindario del territorio de una pandilla rival sea una medida
arriesgada.
Es una crisis de
desplazamiento. El desplazamiento forzado interno ha estado en aumento en El
Salvador en los últimos años.
Hubo más de
296.000 nuevos desplazamientos debido a conflictos y violencia en El Salvador
en 2017, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno.
Según Cristosal,
los niños y jóvenes son particularmente vulnerables.
Los principales
factores que aumentan el desplazamiento incluyen las amenazas de pandillas, el
asesinato o intento de asesinato de un miembro de la familia y la extorsión.
Los defensores también destacan el reclutamiento forzoso de niños de hasta ocho
años como vigilantes de pandillas y abusos policiales como causas cada vez más
importantes de desplazamiento.
Temiendo represalias,
muchas víctimas permanecen en silencio.
"Es
complicado porque por la falta de confianza en el estado significa que las
personas no informan", dice Monti de Cristosal. "Esto hace que sea
mucho más difícil brindar a las víctimas un apoyo humanitario digno".
Las altas tasas de
impunidad por el crimen violento plagan al país, mientras que las Naciones
Unidas han encontrado a las fuerzas policiales responsables de
"ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza" en su
intento de combatir a las pandillas.
Los críticos
también argumentan que la negativa del gobierno a reconocer la crisis de
desplazamiento forzado debilita las protecciones estatales y la asistencia a
las víctimas.
Aquiles Magaña,
secretario general del Consejo Nacional para la Protección y el Desarrollo de
los Migrantes y sus Familias o Conmigrantes de El Salvador, piensa que los
datos de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados sobre el
desplazamiento interno no están fundamentados.
Según las
estadísticas de "movilidad interna" del gobierno, solo el cinco por
ciento de las familias salvadoreñas mencionó la violencia como su razón de
reubicación entre 2006 y 2016, mientras que más de la mitad de las familias
destacaron los motivos económicos.
El gobierno
también afirma que los problemas económicos impulsan abrumadoramente la
migración. Según las estadísticas oficiales de 2017, el 71,2 por ciento de los
adultos deportados dijeron que los factores económicos los motivaron a migrar,
mientras que el 14,2 por ciento citó la inseguridad y el 13,3 por ciento citó
la reunificación familiar.
Los grupos de
derechos humanos cuestionan los datos del gobierno, enfatizando que la
migración a menudo proviene de múltiples causas subyacentes que se superponen.
Para Baulenas, las
soluciones a la crisis deben enfocarse en la prevención. "Cualquier
política reactiva al fenómeno es una política fallida", dice.
No hay futuro aquí
La política de
tolerancia cero y las restricciones de asilo de la administración Trump parecen
no disuadir -tanto como se espera- a las muchas personas que buscan huir del
país.
En el Centro
administrado por el gobierno que recibe migrantes retornados en San Salvador,
Armando, un deportado de 40 años que dijo que fue a Estados Unidos en 2002 para
escapar de la violencia de las pandillas, dice que planea hacer el viaje de
regreso al norte.
"No hay
futuro aquí", dice el padre de dos niños.
Otro deportado,
Diego, de 24 años, recientemente atrapado cruzando a los Estados Unidos, en
busca de oportunidades de trabajo, todavía estaba sopesando sus opciones
después de llegar a su ciudad natal.
A pesar de la
represión fronteriza, que él describe como "racista contra los
hispanos", no descartó emigrar nuevamente.
Magaña de
Conmigrantes también duda de que la reversión de la inmigración de Trump frene
el flujo de migrantes. "Estas son políticas de miedo". "Creen
que con miedo podrán disminuir y disuadir los flujos migratorios. En realidad,
esto no es cierto".
Sostiene Magraña,
que los lineamientos frente al asilo del Fiscal General Jeff Sessions son una
"contradicción" al igual que el acalorado discurso retórico de Trump
cuando dibuja a El Salvador como uno de los países más letales del mundo.
"Si hay
violencia generalizada, ¿por qué no dan asilo?". Magaña pregunta.
La administración de Trump causó conmoción al dar por
finalizado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños,
otorgando a los titulares de TPS hasta el 9 de septiembre de 2019, para que
salgan de los Estados Unidos.
En cuanto a
Martínez, insiste en que si migrara, no abandonaría el país sin sus hijos.
Aunque es
optimista, el estrés pesa sobre ella. Ella dice que a menudo tiene pesadillas sobre
cómo escapar de los asesinos que la hacen sudar y sollozar.
"Mi vida es
una historia que deseo fuera un sueño", dice ella. "Pero
desafortunadamente, es la realidad".
